“Esto significa que hay un trabajo muy importante del personal del Ministerio Público a quienes felicito tanto a fiscales como la Secretaría Judicial y al ECIF. Tienen que estar permanentemente actualizados con estas tecnologías que van variando día a día y es a lo que siempre apuntamos. Desde el principio de mi gestión destacamos que la persecución de un delito debe hacerse empleando los medios tecnológicos y de capacitación permanente», señaló Jiménez al referirse a la estructura y organización del MPF en la informatización, registro y base de datos.
La imputación
Dentro de las 48 horas, desde el momento de la detención que prevé el código procesal penal de Tucumán, este viernes a las 08:30 horas se realizará la audiencia de control de la aprehensión, la formalización de la investigación, la formulación de cargos y el pedido de medidas de coerción contra el presunto autor de las amenazas de bomba en distintas instituciones gubernamentales de la provincia.
Sobre el modus operandi, la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Complejos, Mariana Rivadeneira, quien tramita 130 expedientes por el delito de intimidación pública, dijo: “Estamos investigando no un solo hecho y un solo autor por lo que se decidió la colaboración del fiscal, Carlos Picón, y que por la complejidad era necesario que estén dos fiscales trabajando junto con el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y, a partir de ahí, comenzamos a ver las vinculaciones. Primero porque esta persona brindada su identidad (nombre y apellido) y, es allí, que llegamos a legajos que están en la Fiscalía de Género donde observamos que había un conflicto entre el detenido con otra persona (cuyo nombre brindaba como también su autoría en las amenazas para involucrarla). El modus operandi era adquirir chips y al tener conocimientos de datos del futuro titular, los aportaba y lograba el alta con la que posteriormente hacía los llamados”.
Al referirse al encono hacia esta familia (con quienes mantiene una causa que se tramita en la Fiscalía de Género), Rivadeneira detalló: “Más que a una persona, era a una familia con la que tenía un conflicto. Esa información la conseguimos a través del entrecruzamiento de datos del sistema informático que nos permitió identificar a una familia de apellido González, para ello se pidió informes a las empresas prestatarias para determinar la geolocalización. Tenemos la colaboración del Fiscal de Género quien puso a nuestra disposición toda la información para avanzar en la aprehensión”. Acerca de los lugares afectados por las amenazas, la Fiscal mencionó a una escuela, un local de venta de automotores, la Legislatura, el Palacio de Deportes (día de la reinauguración), Casa de Gobierno y Poder Judicial. “Por el momento tenemos identificados nueve hechos donde van a ser formulados este viernes. El último fue realizado el pasado viernes 29, no obstante, recibimos amenazas de los mismos números esta semana (lunes, martes y miércoles)”, agregó.
Los recursos empleados
Para Carlos Picón, fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Flagrantes I, al sospechoso “le sobran conocimientos tecnológicos y de recursos”. El investigador mencionó lo que se encontró en el allanamiento en su domicilio, ubicado en barrio Ampliación Tiro Federal, como también a las amenazas que recibieron. “Cuando lo encontramos en el lugar del allanamiento vimos una cantidad muy significativa de elementos que serán objeto de pericias. Tenía como modus operandi comprar chips y luego descartarlos. A raíz de esto se aprehendió a otra persona más en el domicilio que resultaría ser un familiar quien casualmente tenía como oficio arreglar teléfonos celulares. Tenemos a la persona que mayor temor fundó en la sociedad. Se trata de un delito de magnitud que pone en vilo a empresas e instituciones”.
